Misiones avanza hacia una reforma procesal penal histórica. El Procurador Carlos Giménez confirmó que los fiscales investigarán delitos y se implementará un sistema acusatorio para acelerar la Justicia.
La provincia de Misiones se encamina hacia una de las transformaciones más profundas de su sistema judicial en las últimas décadas. El Procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Giménez, confirmó que ya se trabaja en una reforma procesal penal que cambiará de raíz la forma en que se investigan y juzgan los delitos.
En declaraciones al programa Arriba la radio de Radio Up, el funcionario adelantó que el objetivo es implementar un sistema acusatorio, en el que los fiscales pasarán a conducir las investigaciones penales, desplazando el modelo actual donde los jueces de instrucción tienen ese rol central.
Un cambio estructural tras décadas de espera
Giménez fue contundente al describir el punto de partida: Misiones es una de las últimas provincias que mantiene un sistema mixto, considerado hoy obsoleto frente a las demandas sociales de mayor rapidez y eficiencia.
El nuevo esquema propone que el Ministerio Público Fiscal asuma el control total de la investigación penal, mientras que los jueces quedarán como garantes del proceso. Esta modificación implica una reorganización profunda del funcionamiento judicial.
El procurador remarcó que la primera reunión con fiscales de toda la provincia marcó el inicio formal del proceso, luego de “muchos años” sin avanzar en una reforma integral.
Juicios orales y causas más rápidas
Uno de los ejes centrales de la reforma será la implementación de la oralidad. En el nuevo sistema, el mismo fiscal que investiga será quien lleve el caso a juicio y sostenga su teoría hasta lograr una sentencia.
El objetivo es claro: evitar procesos judiciales excesivamente largos. Giménez puso como ejemplo casos que tardaron más de 10 o incluso 13 años en llegar a una condena, una situación que calificó como incompatible con una justicia eficaz.
Este cambio busca garantizar resoluciones en tiempos razonables y brindar respuestas más rápidas a las víctimas.
Implementación gradual y por regiones
La reforma no será inmediata ni uniforme. Según explicó el procurador, se avanzará de manera progresiva, comenzando por las jurisdicciones más pequeñas para evaluar resultados y corregir errores.
El esquema previsto contempla:
- Inicio en la cuarta y quinta circunscripción judicial (San Pedro, San Vicente, Jardín América y Puerto Rico).
- Extensión a la segunda y tercera circunscripción (Oberá y Eldorado) tras una etapa de evaluación.
- Implementación final en la primera circunscripción (Posadas), donde se concentra el mayor volumen de causas.
Cada etapa demandará aproximadamente dos años, lo que configura un proceso de transformación a mediano plazo.
Tres leyes clave para la reforma
El cambio estructural se apoyará en tres proyectos legislativos que ya están en elaboración:
- Un nuevo Código Procesal Penal con base acusatoria.
- Una ley de implementación, de carácter transitorio.
- Una ley orgánica del Ministerio Público, que definirá funciones y competencias.
La intención es que estas iniciativas sean debatidas y, de ser posible, aprobadas durante el presente año legislativo.
Falta de recursos y necesidad de más fiscales
El propio Giménez reconoció que el principal desafío será operativo. La transferencia de funciones desde los juzgados de instrucción hacia las fiscalías implicará reestructurar recursos humanos, infraestructura y tecnología.
Actualmente, los jueces cuentan con estructuras más amplias que los fiscales, lo que obliga a rediseñar el sistema para sostener el nuevo modelo.
En ese sentido, adelantó que será necesario:
- Crear nuevas fiscalías.
- Incorporar fiscales delegados o coadyuvantes.
- Fortalecer equipos técnicos y laboratorios forenses.
- Mejorar la gestión de datos y flujo de expedientes.
También destacó gestiones con el Ministerio de Justicia de la Nación para obtener recursos adicionales.
Apoyo a Andrés Poujade para integrar el STJ
En el marco de la reforma procesal penal, el Procurador General del STJ, Carlos Giménez, también se refirió al proceso de renovación institucional dentro del Poder Judicial y expresó su respaldo a la incorporación del fiscal Andrés Poujade como nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia.
Giménez valoró especialmente su trayectoria dentro del Ministerio Público, donde se desempeñó como fiscal de Cámara, y destacó su perfil técnico y su solvencia profesional. En ese sentido, consideró que su llegada al máximo órgano judicial representa un aporte significativo en términos de experiencia y conocimiento del sistema penal.
Al mismo tiempo, reconoció que su salida implica una pérdida para el Ministerio Público Fiscal, al tratarse de un funcionario con fuerte capacidad operativa y reconocimiento interno. No obstante, planteó que su designación en el STJ también fortalece el proceso de reforma en marcha, al incorporar una mirada actualizada sobre el funcionamiento del fuero penal.
El respaldo a Poujade se inscribe dentro de un escenario de recambio generacional en la Justicia misionera, que, según el propio procurador, resulta clave para encarar los desafíos estructurales del sistema, especialmente en un contexto donde se busca avanzar hacia un modelo acusatorio más ágil, moderno y eficiente.
Un proceso histórico en marcha
La reforma procesal penal en Misiones se perfila como un cambio histórico. Según el propio Giménez, es la primera vez en más de 30 años que se plantea una transformación integral del sistema.
El proceso incluirá la participación del Superior Tribunal de Justicia, el Colegio de Abogados y, posteriormente, la Legislatura provincial, donde se definirá el alcance final de la reforma.
Si avanza según lo previsto, el nuevo sistema podría comenzar a implementarse en 2027, marcando un antes y un después en la administración de justicia en la provincia.
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