Las exsenadoras Maggie Solari y Sandra Giménez, el exsecretario de Legal y Técnica Marcelo Syniuk, y la exministra Benilda Dammer, son algunos de los dirigentes del oficialismo provincial que siguen cobrando sueldos estatales, luego de ocupar lugares de enorme poder de decisión y pasar a “retiro”.
Agencia Hoy informó a principios de febrero, numerosos exfuncionarios, exsenadores y exdiputados, junto con empresarios vinculados al oficialismo provincial, continúan vinculados al Estado, después de haber sido relevados de sus cargos de más importancia y exposición pública. Desde que Agencia Hoy presentó algunos de los casos más emblemáticos del evidente “reciclaje” político con cargos estatales, nada parece haber cambiado e, inclusive, se confirmaron nuevos ingresos en cargos estatales, beneficiando a exdiputados y exfuncionarios que se habían quedado sin función, recientemente.
Dentro del esquema de poder de la Renovación en Misiones, dejar un cargo político no equivale a dejar el Estado. De hecho, lo que ocurre es lo contrario y los exfuncionarios que abandonan puestos de primera línea —ya sea por desgaste, recambio o necesidad política— suelen encontrar rápidamente una nueva ubicación dentro de la administración pública, pero en lugares de mucha menor visibilidad.
Ministros, senadores, diputados nacionales, subsecretarios y altos funcionarios con mandato cumplido reaparecen año tras año en nuevas dependencias del Estado provincial. A veces en áreas estratégicas, con presupuesto y poder real. Otras, en oficinas de existencia difusa, sin cartel en la puerta ni anuncio oficial, pero con sueldo asegurado.
El mecanismo es simple: se preserva la pertenencia al proyecto político, se evita la exposición pública y se mantiene la nómina salarial. El traslado rara vez se comunica. No hay conferencias, resoluciones difundidas ni gacetillas. Sin embargo, la información existe.
El Sistema Integrado de Administración del Personal (SIAP) funciona, en este contexto, como un registro involuntario de reciclaje político. Allí figuran exfuncionarios, exlegisladores y hasta empresarios con causas penales pendientes que continúan percibiendo ingresos del Estado provincial, aunque su actividad cotidiana resulte un misterio incluso para la propia administración.
Agencia Hoy pmpresentó algunos de los casos más notorios del “reciclaje en el Estado”, de personas que otrora acumularon enorme poder a partir de cargos de importancia estratégica. De los mencionados en el informe del 4 de febrero, la totalidad permanecen como “agentes activos” en el SIAP, es decir, que perciben un sueldo como empleados estatales.
La casta VIP misionera: cargos fantasmas, sueldos reales
La exvicegobernadora y exsenadora Sandra Giménez, es una de estas empleadas estatales que cobra un sueldo y su función, no se divulga. En su caso, al ser médica de profesión, es posible que continúe prestando un servicio dentro del organigrama del Ministerio de Salud Pública o del Parque de la Salud, pero no hay difusión oficial sobre su nuevo rol. Es más, su esposo, el exsubsecretario de Salud Germán Bezus, también continúa como empleado estatal.
Otro nombre de peso durante la gestión del exgobernador Maurice Closs es el del exsecretario de Legal y Técnica, Marcelo Syniuk. El abogado, ligado a empresarios yerbateros de origen sirio, también figura como empleado estatal activo y se mantiene así, desde las revelaciones de Agencia Hoy, hace dos meses. No hay registro público de su designación ni información oficial sobre qué hace, dónde trabaja o desde cuándo
También sigue como empleada estatal en Misiones, la exsenadora Magdalena Solari Quintana. Fue presidenta del Concejo Deliberante durante el segundo mandato de Orlando Franco, titular de la Sociedad del Conocimiento y senadora nacional entre 2017 y 2023. Sigue en el SIAP como agente activa, aunque su ubicación dentro del organigrama provincial es tan difícil de encontrar como una ventanilla sin fila.
Los registros públicos muestran, además, que Solari es empleadora en el ámbito privado y monotributista categoría “G”, es decir, con ingresos brutos declarados de $46.211.109,37 por año. Desde 2022 declara actividades de “asesoramiento, dirección y gestión empresarial”, una descripción lo suficientemente amplia como para abarcar casi cualquier cosa. Tal vez asesore al Estado. Tal vez no. En público, no lo dice.
Por su parte, la exministra de Desarrollo Social Benilda Dammer, según indica el SIAP, este 5 de abril, continúa como empleada estatal. En Instagram se presenta como “Delegada del MDS de Nación en Misiones”. El detalle es que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya no existe: fue disuelto por el presidente Javier Milei y reducido a secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano. Estuvo al frente de uno de los ministerios con mayor presupuesto de Misiones, pero ahora no se sabe qué función cumple. O no se informa oficialmente.
En tanto, también sigue en el SIAP como empleada pública, la empresaria y exsubsecretaria de la Mujer Celia Kozachik. Pareja de Julio Koropeski, dueño de Crucero del Norte, tuvo un paso breve por la gestión pública tras reemplazar a Giselle Dobidenko en 2020. Duró poco en el cargo, pero no en el Estado.
Antes y después de su función pública, Kozachik mantuvo negocios con la administración provincial. A través del fideicomiso “Celia”, gestionado por su hermana, alquila un inmueble al Ministerio de Gobierno para una casa refugio, mediante un contrato millonario sin licitación, oportunamente revelado por Agencia Hoy. Hoy sigue figurando como empleada estatal. Su tarea actual no se publicita.
Asimismo, continúa como empleado estatal, Arnulfo “Miki” Verón, exdirector de Asuntos Guaraníes durante casi dos décadas. Fue desplazado en medio de cuestionamientos a su gestión, pero el SIAP lo muestra en actividad. Según fuentes consultadas por este medio, “Miki” sería empleado de planta permanente, por lo que su “reciclaje” implica un “congelamiento” como se dice en la jerga de los estatales, cuando un agente no es tenido en cuenta y se lo mantiene con sueldo, pero sin función, ni manejo de recursos.
Profundo malestar entre yerbateros por el nombramiento de Petterson en Vialidad
Uno de los casos más notorios de reciclaje renovador en el Estado, es el de Héctor López Ricci, expresidente de EMSA durante el gobierno de Maurice Closs. En la actualidad figura como subsecretario de Relaciones Internacionales, una oficina que, según distintas fuentes, parece no registrar demasiado su presencia. Además, preside la Cooperativa Cainguás Limitada de Aristóbulo del Valle. A la fecha, se mantiene como empleado estatal en Misiones.
Quizás más resonante es la continuidad como empleado estatal de Rubén Cirilo Vega, el empresario que está imputado en una causa federal por presunta malversación de fondos y defraudación contra el Estado, a partir del famoso Plan Jatropha, una fallida iniciativa para desarrollar biocombustibles en Misiones que terminó en escándalo: habrían desaparecido unos 18 millones de dólares que estaban destinados para ese proyecto. La denuncia que se radicó en 2017, por presuntas “malversación de caudales públicos”, “negociaciones incompatibles” y “asociación ilícita”, involucra a Vega, a Closs y a varios exministros del Agro de Misiones.
Hay otros políticos, como los exministros Ricardo Wellbach en el Iprodha o Verónica Derna en el Ministerio de Trabajo, que se mantienen en función, pero al menos conservan cargos visibles.
A todos estos casos de exfuncionarios reciclados o reintroducidos, sin mucha exposición en cargos públicos, hay que sumar los ya informados por este medio, con relación a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) En ese organismo, el directorio se convirtió en el refugio de varios exdiputados provinciales y exfuncionarios, que recientemente se quedaron sin cargo y fueron designados en el organismo.
De los siete vocales actuales de ese directorio, ninguno proviene del área y cuatro son exdiputados provinciales, uno es exconcejal y exvicepresidente del IPLYC y hasta hay un exfuncionario de Cambiemos. En la dirección que comanda el Ingeniero Nicolas E. Mazal Bazan, no se han pronunciado sobre las designaciones de como vocales, de los exdiputados Norma Raquel Sawicz; Santiago Javier Mansilla; Elvio Ceferino Rodríguez; y Julio Alfredo Petterson –este último fue subsecretario de Asuntos Yerbateros y dijo que renunciaba porque reside en Andresito y no le pagaban los viáticos para ir a Posadas–.
Tampoco hubo una posición oficial de la DPV sobre los nombramientos del Lic. Marcelo Gabriel Cáceres, del abogado Juan Manuel Holz y del exconcejal y exvicepresidente del IPLYC, Mario Gabriel Alcaraz. Ninguno de estos siete vocales tiene experiencia en el área de vialidad. Pero lograron mantenerse en el Estado, nombrados en un organismo para el que carecen de la trayectoria esperable.
