En el largo listado de personas que fueron beneficiarias de un crédito hipotecario otorgado por la Banco Nación desde la asunción del presidente Javier Milei aparece una persona vinculada a Misiones: el juez federal Miguel Ángel Guerrero.
Si bien no es misionero, Guerrero es titular del Juzgado Federal de Eldorado, cargo al que llegó en 2015 para una administrar una dependencia que maneja causas de alto impacto y que hasta hace poco también tenía jurisdicción sobre la Triple Frontera, que luego fue absorbida por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú.
El magistrado aparece en el listado desarrollado por el programador y periodista Andrés Snitcofsky, confeccionado en base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y de esa información se desprende que Guerrero obtuvo un crédito hipotecario del Banco Nación por un monto de 199.214.000 de pesos.
Según esos mismos datos, el otorgamiento se dio en enero de 2025, un mes antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmara una sanción en su contra por faltas disciplinarias como maltrato laboral hacia trabajadores de la dependencia que dirige en Eldorado.
La sanción consistió en una quita del 30% de sus haberes por única vez.
Los datos respecto al juez Guerrero volcados en el listado Cuánto Deben.
Créditos bajo la lupa
Los créditos del Banco Nación quedaron bajo la lupa la semana pasada, a partir de la difusión del listado confeccionado por Snitcofsky, donde se observa que la mayoría de los beneficiarios se tratan de funcionarios del gobierno nacional o legisladores que integran La Libertad Avanza (LLA).
Los montos otorgados son variados, pero van desde los $510 millones, como el caso de Juan Pedro Inchauspe, director del BCRA, hasta los $113 millones que recibió Juan Pablo Carreira, más conocido como Juan Doe, un tuitero mileista que ahora es responsable de estrategia de comunicación digital en el ámbito del Estado.
Tras conocerse toda esta situación, el diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo y al Banco Nación para que expliquen las condiciones de otorgamiento, posibles conflictos de interés y si hubo irregularidades.
La sospecha principal es que se hayan otorgado en condiciones preferenciales o con facilidades irregulares como, por ejemplo, excepciones a las normas de riesgo crediticio, límites más altos para “personas políticamente expuestas” o aprobaciones pese a dictámenes técnicos desfavorables, en un contexto de restricción crediticia general para la mayoría de los argentinos.
La Voz de Misiones
