El intendente de Puerto Esperanza, Horacio Zarza, sacudió el tablero político local al prohibir que el Concejo Deliberante maneje fondos públicos para asistencia social.

A través de la Resolución N° 04 y el Decreto N° 06, el jefe comunal centralizó toda la ejecución del gasto en el Departamento Ejecutivo, obligando a que cualquier compra o contratación del cuerpo legislativo pase por la Secretaría de Hacienda y Tesorería.

La medida busca cortar de raíz prácticas que Zarza calificó como “irregulares”, denunciando la entrega discrecional de vales de combustible, mercaderías y subsidios por parte de la presidencia del Concejo sin previo tratamiento legislativo.

“Toda acción que exceda las funciones legislativas será nula de nulidad absoluta”, sentencia el decreto que busca disciplinar al cuerpo. Para el Ejecutivo, el Concejo venía funcionando como una estructura administrativa paralela, asumiendo roles de asistencia social que corresponden exclusivamente al municipio bajo informes socioambientales.

El paquete normativo no solo bloquea los fondos, sino que lanza una advertencia penal: los funcionarios que autoricen gastos por fuera de este nuevo circuito administrativo enfrentarán responsabilidades patrimoniales, debiendo reintegrar el dinero de su propio bolsillo, además de posibles denuncias por incumplimiento de deberes.

La disputa en Puerto Esperanza escala de un conflicto técnico a una guerra política abierta por el control territorial y los recursos.

Zarza fundamentó su decisión en la Carta Orgánica y las normas del Tribunal de Cuentas, pero la señal política es de un control total sobre la caja pública en un año que se perfila conflictivo. Al fijar un único canal para la ayuda social a través del municipio, el intendente anula la capacidad de “gestión directa” de los concejales, redefiniendo las reglas de juego en una interna que ya no tiene retorno y que pone bajo la lupa cada movimiento contable del deliberativo.

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