Cada 24 de marzo, Argentina recuerda el inicio de la última dictadura militar de 1976 con la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La fecha, establecida como feriado nacional, está dedicada a evocar a las víctimas cobradas durante ese periodo y a reflexionar sobre sus consecuencias políticas y sociales.
Cada 24 de marzo, Argentina recuerda el inicio de la última dictadura militar de 1976 con la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La fecha, establecida como feriado nacional, está dedicada a evocar a las víctimas cobradas durante ese periodo y a reflexionar sobre sus consecuencias políticas y sociales.Ese miércoles, de hace medio siglo, se produjo el último golpe de Estado en el país. En aquella madrugada, las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidente María Estela Martínez de Perón e instauraron una Junta Militar integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Agosti.
El nuevo régimen, denominado Proceso de Reorganización Nacional, se extendió hasta diciembre de 1983 y estuvo marcado por la suspensión de la Constitución, la disolución del Congreso, y crímenes de lesa humanidad.
La fecha fue instituida en 2002 como jornada de conmemoración y, en 2006 por medio de la Ley Nacional 26.085, sancionada el 15 de marzo y promulgada el 20 del mismo mes, como feriado inamovible, en la búsqueda de mantener viva la memoria histórica y garantizar que los hechos ocurridos durante la dictadura permanezcan presentes en la conciencia colectiva.
Asimismo, se pone en valor el legado del “Nunca Más”, en referencia al informe de la CONADEP, como uno de los pilares fundamentales en la construcción de la memoria colectiva en la Argentina. La búsqueda de la verdad requiere un ejercicio permanente de reflexión crítica, orientado a consolidar una cultura basada en la paz, la tolerancia y el respeto mutuo.
Juicio a las Juntas
Luego de asumir la presidencia, Alfonsín firmo el 13 de diciembre de un decreto que daba pie al comienzo del proceso judicial contra los genocidas que integraron el gobierno militar. Dos días después, se instituía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
El juicio inició el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese año. En unas 530 horas de audiencia declararon 839 testigos en la denominada “causa 13”. El tribunal estuvo integrado por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz. El fiscal fue Julio César Strassera, y su adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo.
La Cámara Federal finalmente dictó sentencia por 709 casos donde fueron condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua; Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión.
Mientras que el tribunal absolvió a Omar Rubens Graffigna, Arturo LamiDozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya. La sentencia fue leída por León Arslanián, el presidente de la Cámara Federal, y se transmitió por Cadena Nacional.
Poco tiempo después de esa sentencia histórica, llegarían las presiones y los alzamientos carapintadas, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictadas por el Congreso, las cuales garantizaron la impunidad de asesinos y torturadores durante años. También llegarían los indultos a los genocidas que firmó el ex presidente Carlos Menem a poco de asumir.
En 2003 una ley declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, algo que fue ratificado por la Corte Suprema en 2005 cuando las declaró inconstitucionales. Así, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, se volvió a juzgar a genocidas por múltiples delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
