El Congreso Internacional de Derecho Procesal reunió al Poder Judicial de Misiones, la Universidad Católica de Santa Fe y especialistas de América Latina y Europa en un debate que excede lo académico y se mete en una discusión de poder: cómo se redefine la Justicia frente a la inteligencia artificial, la oralidad y los nuevos conflictos colectivos.

Puerto Iguazú fue durante dos días algo más que la sede de un congreso jurídico. Entre el jueves 19 de marzo y el viernes 20, el Poder Judicial de Misiones y la Universidad Católica de Santa Fe pusieron en escena un encuentro internacional sobre el “Presente y Futuro del Derecho Procesal” que, detrás del formato académico, dejó una señal institucional más amplia: la Justicia misionera busca intervenir en una discusión de época sobre cómo se tramitan los conflictos, qué margen conserva la decisión humana frente al avance tecnológico y qué lugar quiere ocupar la provincia en ese debate. No fue una actividad menor ni meramente protocolar. La presencia de ministros del Superior Tribunal de Justicia, del Procurador General, de autoridades judiciales de otras provincias, de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de especialistas de América Latina y Europa mostró que la agenda procesal ya no se discute en un círculo técnico cerrado. Se discute, cada vez más, como una cuestión de diseño institucional.

La foto también tuvo una dimensión política concreta. El encuentro recibió declaraciones de interés provincial por parte de la Cámara de Representantes y de interés municipal por parte de la Municipalidad de Puerto Iguazú. Ese respaldo no solo jerarquiza el congreso. También confirma que, cuando la conversación gira sobre inteligencia artificial en la Justicia, procesos colectivos, oralidad y evidencia digital, lo que está en juego no es solo un cambio de lenguaje jurídico, sino una transformación que puede alterar tiempos, criterios y capacidades del sistema judicial.

Una agenda procesal que ya impacta en la estructura del poder judicial

El congreso fue impulsado por Adolfo Alvarado Velloso, de la Universidad Nacional de Rosario, y Silvia Barona Vilar, de la Universidad de Valencia. Pero la organización formal a cargo del Poder Judicial de Misiones y de la Universidad Católica de Santa Fe le dio al evento una impronta institucional definida. No se trató solamente de escuchar voces expertas. Se trató de montar, desde Misiones, un espacio de validación y producción de agenda sobre los cambios que vienen para la Justicia.

Los ejes elegidos no fueron casuales: inteligencia artificial y proceso, procesos colectivos y tutela de derechos en la era digital, y derecho procesal y oralidad. En cada uno aparece una tensión de fondo. La inteligencia artificial interpela la capacidad del sistema judicial para incorporar tecnología sin resignar control humano. Los procesos colectivos empujan a la Justicia a responder a conflictos que ya no son estrictamente individuales. Y la oralidad se vincula con un modelo que promete mayor inmediación y agilidad, pero que también obliga a rediseñar prácticas, roles y criterios.

En ese marco, la apertura a cargo de Juan Manuel Díaz fijó una línea política del encuentro. Su intervención no quedó en el agradecimiento formal. Introdujo una lectura sobre el contexto social e institucional en el que se inserta el debate jurídico. Habló de la necesidad de establecer canales de comunicación, de llegar a puntos de encuentro y de cuidar la vida en un tiempo en el que, según planteó, proliferan discursos de violencia y destrucción. La idea no fue lateral. Colocó al Derecho Procesal no como una técnica neutra, sino como parte de una arquitectura orientada a un “macrofin del derecho”, que identificó con la paz y el cuidado de la vida.

Ahí aparece una de las claves del congreso. La discusión procesal dejó de ser un asunto interno del foro para convertirse en una herramienta desde la cual el Poder Judicial también intenta construir legitimidad, mostrar capacidad de adaptación y fijar posición frente a debates públicos más amplios.

Misiones busca entrar en la conversación global sobre reforma judicial

La elección de Puerto Iguazú como sede también funciona como mensaje. La ciudad, presentada en el texto base como cuna de las Cataratas, se convirtió en punto de encuentro para especialistas de América Latina y Europa. Esa convocatoria no solo aportó volumen académico. Proyectó a Misiones como anfitriona de una conversación transnacional sobre los cambios en la Justicia.

Magín Ramón Ferrer, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la sede Posadas de la UCSF, remarcó precisamente esa dimensión al destacar la presencia de profesores que “han cruzado el Atlántico” para compartir experiencias y conocimiento. Su definición de que el Derecho Procesal “traspasa fronteras” resume el tono de una parte importante del congreso: una provincia que no quiere quedar como receptora pasiva de reformas, sino que busca sentarse en la mesa donde se discuten.

Esa pretensión quedó reforzada con la participación de ministros del Superior Tribunal de Justicia y de la Corte de Justicia de Corrientes y Salta, junto con autoridades de los Poderes Judiciales de la Nación y de la Provincia, del Ministerio Público, de los poderes Ejecutivo y Legislativo provincial y municipal, además de alumnos de la UCSF. La amplitud del auditorio mostró que la cuestión procesal genera interés transversal cuando toca materias sensibles como justicia civil, laboral, penal, procesos electrónicos, litigio ambiental o evidencia digital.

En términos institucionales, el congreso funcionó así como un espacio de articulación. Reunió academia, magistratura, ministerios públicos, representantes políticos y juristas extranjeros alrededor de una agenda común. Ese tipo de convergencia no garantiza reformas inmediatas, pero sí ordena conversaciones que después pueden bajar a proyectos, capacitaciones, rediseños de prácticas o nuevas interpretaciones jurisprudenciales.

Inteligencia artificial, oralidad y evidencia digital: el corazón de una reforma en movimiento

La estructura del congreso dejó ver por dónde pasa hoy la preocupación central del mundo judicial. La conferencia inaugural de Silvia Barona Vilar abordó la “Inteligencia artificial en la Justicia Civil. Retos para la Abogacía del Siglo XXI”. No fue un tema decorativo. Fue, en los hechos, una puerta de entrada a una discusión sobre el modo en que la tecnología empieza a redefinir funciones, tiempos y márgenes de decisión.

A lo largo de las jornadas se sucedieron paneles sobre Derecho Procesal Civil, Laboral, procesos colectivos, proceso electrónico e inteligencia artificial y Derecho Procesal Penal. Esa diversidad muestra que la transformación no se limita a un fuero. Atraviesa todo el sistema.

Valeria Fiore Cáceres planteó, en el panel de Derecho Procesal Civil, un tema que conecta directamente con la reforma judicial: “Proceso y métodos adecuados de solución de controversias: hacia un modelo integrado de tutela efectiva”. Su definición posterior fue todavía más precisa en clave institucional. Dijo que la importancia del congreso se nota en el intercambio de experiencias, en las preguntas y en la posibilidad de aprender de personas que ya recorrieron caminos que en Misiones todavía representan desafíos. Esa formulación traduce el valor práctico del encuentro: no solo teorizar, sino observar modelos ya ensayados en otros contextos para mejorar el sistema de justicia provincial.

La oralidad también apareció como una de las piezas centrales de esa transición. Manuel González Castro expuso sobre los desafíos en la implementación eficaz de la regla de debate oral en el fuero civil. Gustavo Calvinho, por su parte, llevó la experiencia del nuevo Código Procesal Civil Adversarial de la provincia de Neuquén. Allí se coló otro dato relevante: Misiones no discutió en abstracto, sino mirando experiencias concretas de rediseño procesal dentro del país.

El proceso electrónico y la inteligencia artificial tuvieron un lugar específico en el cuarto panel, con exposiciones sobre plataformas digitales y resolución de conflictos, la “Soberanía Sintética” y los horizontes de la inteligencia artificial en el derecho. El solo repertorio de temas evidencia que la Justicia enfrenta un cruce complejo entre automatización, independencia de criterio, validación de evidencia y garantías.

En materia penal, la discusión sobre evidencias en entornos digitales, el rol de la víctima en el proceso acusatorio y el ciberespacio dejó ver otra capa del problema: cuando el delito, la prueba y la interacción social se trasladan a ámbitos digitales, el proceso penal necesita rediseñar herramientas sin debilitar garantías constitucionales.

Un congreso académico, pero con señales para la gobernanza judicial

El encuentro tuvo además un fuerte componente simbólico. La apertura incluyó la presentación del coro de las comunidades aborígenes, que interpretó dos canciones en lengua nativa. El gesto aportó una marca de identidad territorial y cultural a un congreso dominado por discusiones técnicas. En una provincia donde la representación de la diversidad suele adquirir valor político, esa escena no fue un detalle menor.

También hubo señales de reconocimiento institucional. Los diputados provinciales Aryhatne Bahr, Rudi Bundziak y Horacio Martínez entregaron el proyecto de declaración de interés provincial presentado ante la Cámara de Representantes. Leopoldo Lucas, en nombre de la Municipalidad de Puerto Iguazú, hizo lo propio con la declaración de interés del municipio. Ese acompañamiento de actores legislativos y municipales muestra que el evento fue leído como algo más que una actividad universitaria o judicial. Hubo una decisión de darle volumen político.

Esa validación importa por una razón adicional. Cada vez que el sistema judicial abre debates sobre oralidad, procesos electrónicos, litigios colectivos o inteligencia artificial, inevitablemente se acerca a la frontera donde convergen gestión, presupuesto, capacitación, regulación y política pública. La gobernanza judicial ya no depende solo de sentencias. También depende de su capacidad de anticipar transformaciones y construir consensos internos y externos.

La sabiduría humana como límite frente al avance tecnológico

En el cierre de los paneles, Juan Manuel Díaz volvió sobre un punto que atravesó todo el congreso. Al exponer sobre obligaciones de procedimiento en la jurisprudencia internacional frente a la emergencia climática, subrayó que al hablar de asuntos ambientales hay tres ejes fundamentales: la información, la participación y el acceso a la justicia. Esa tríada conecta con una visión del proceso como garantía de derechos y no solo como mecanismo formal.

Pero además dejó una frase que condensa una de las tensiones más profundas del encuentro. En un ámbito donde se habló de inteligencia artificial, sostuvo que lo que debe mantenerse siempre presente es la sabiduría, porque, según afirmó, “la sabiduría es solamente humana”. La definición funciona como advertencia institucional. La Justicia puede incorporar herramientas tecnológicas, pero no delegar el núcleo de su responsabilidad.

En tiempos de automatización creciente, esa idea tiene peso. No solo marca un límite conceptual. También anticipa el tipo de discusión que probablemente gane centralidad en los próximos años: cuánto puede apoyarse el sistema judicial en procesos automatizados sin comprometer la deliberación, la prudencia y la legitimidad de sus decisiones.

Repercusiones: qué se fortalece y qué queda bajo presión

El principal actor fortalecido por el congreso es el Poder Judicial de Misiones, que logró proyectarse como anfitrión de una agenda jurídica contemporánea y sensible. También gana centralidad la articulación entre el sistema judicial y la academia, en este caso a través de la Universidad Católica de Santa Fe. Esa alianza muestra que la formación, la producción doctrinaria y la discusión institucional pueden funcionar como una misma plataforma de legitimación.

A la vez, el encuentro pone presión sobre el propio sistema judicial. Porque abrir la discusión sobre inteligencia artificial, oralidad, procesos electrónicos y litigios colectivos genera una expectativa inevitable: que esas conversaciones no queden en el plano declarativo. El desafío empieza después del congreso. Cómo se traducen estas discusiones en capacitación, modernización, reformas prácticas o nuevas pautas jurisprudenciales será la medida real de su impacto.

También se fortalece la idea de que Misiones quiere tener una voz propia en la conversación sobre reforma judicial. No necesariamente desde una ruptura, pero sí desde una construcción gradual de agenda. El intercambio con especialistas de la Universidad de Valencia, de Zaragoza, de Salamanca, de la Universidad Católica del Paraguay, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Austral, de la Universidad Nacional del Nordeste y de otras instituciones muestra que la provincia busca nutrirse de experiencias externas sin resignar protagonismo local.

Un cierre emotivo y una escena que deja proyección

El congreso cerró el viernes 20 con la entrega de un presente a Adolfo Alvarado Velloso de manos de Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore. El homenaje tuvo una carga simbólica evidente. A lo largo de ambas jornadas fue reconocido como referente y maestro del Derecho Procesal por distintos disertantes. Además, el cierre incluyó el “Manifiesto Garantista” a su cargo, y él mismo definió la organización del encuentro como “una hermosísima fiesta misionera”.

La escena final reforzó una lectura doble. Por un lado, la reivindicación de una tradición doctrinaria y de referentes consolidados. Por otro, la necesidad de poner esa tradición a dialogar con los cambios que empujan la inteligencia artificial, la digitalización, la oralidad y los litigios complejos. Ahí radica la tensión central que dejó el congreso: cómo actualizar la Justicia sin vaciarla de sus garantías.

Puerto Iguazú fue, durante esas dos jornadas, el punto de encuentro de esa discusión. Queda por ver si esa conversación se convierte en insumo para reordenar prácticas concretas dentro del sistema judicial, si alimenta futuras reformas o si funciona, sobre todo, como un movimiento de posicionamiento institucional. Lo cierto es que la Justicia ya empezó a discutir su futuro en voz alta, y cuando eso ocurre, lo que se redefine no es solo un procedimiento.

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