El proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Fabián De Sá (LLA) para declarar la emergencia en materia de seguridad y consumos problemáticos en Puerto Iguazú volvió a comisión tras su tratamiento en la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante.
La iniciativa, que busca visibilizar y combatir el avance del narcotráfico y el narcomenudeo en la ciudad turística, no avanzó hacia su aprobación inmediata debido al dictamen de las comisiones involucradas (Presupuesto, Hacienda, Legislación General, Medio Ambiente, Salud Pública, Higiene y Acción Social), que recomendó un estudio más exhaustivo en conjunto con autoridades del fuero federal.
De Sa también expresó su malestar por el bajo salario de los empleados municipales y criticó que el intendente no los reciba para dialogar. Cuestionó también contradicciones en el cuerpo legislativo y discrepó con el abogado del Concejo, quien consideró que el proyecto invadía jurisdicción federal. Al momento de la votación, los concejales De Sa, Verón y Omar Gómez votaron por la afirmativa. Por la negativa lo hicieron Carlos Ríos, Graciela Sosa, Raquel Matcoski y Humberto Pereyra, quienes aclararon que apoyan en principio el proyecto pero requieren ajustes técnicos y jurídicos. Indicaron que se tratará en comisión interna para ultimar detalles, incluyendo una reunión con el juez federal, con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos sin invadir competencias ajenas.
Antecedentes y propuestas clave del proyecto
Presentado bajo el expediente N° 08/26 , el proyecto del concejal De Sá propone:
- Declarar la emergencia en seguridad y consumos problemáticos, centrada en la prevención y protección de familias y jóvenes ante el crecimiento de la venta y consumo de estupefacientes en los últimos años.
- Crear un mapa digital interactivo que identifique puntos críticos de venta.
Implementar un sistema de denuncias anónimas para que los vecinos reporten zonas de riesgo sin exponerse.
De Sá ha enfatizado en múltiples ocasiones la urgencia del tema: “Todos sabemos dónde la venden y quiénes están en este problema. Las madres sufren, hay víctimas y chicos que crecen rodeados por esta situación”. La propuesta se inspira en experiencias exitosas de otras ciudades argentinas, como Rosario, Córdoba, Mendoza y áreas del Gran Buenos Aires, donde medidas similares de prevención municipal han dado resultados positivos (y recientemente en localidades como Wanda).
El debate en el recinto y el dictamen jurídico
durante la sesión ,el despacho de comisiones —basado en el análisis del asesor legal del Concejo— argumentó que la aprobación directa no era aconsejable desde el punto de vista jurídico, por posible invasión de competencias federales (dado que la legislación sobre estupefacientes es de jurisdicción nacional).
El texto del despacho resuelve: remitir el expediente nuevamente a comisión “para un exhaustivo estudio con las autoridades competentes del fuero federal”.
En el recinto, sin embargo, hubo críticas al dictamen jurídico por considerarlo “escueto” y fundado en premisas “totalmente falsas”.
Defensores del proyecto sostuvieron que la iniciativa no pretende regular el narcotráfico a nivel nacional, sino impulsar políticas públicas municipales de prevención y declaración de emergencia local por consumos problemáticos —un aspecto que, según ellos, el dictamen omite.
Próximos pasos
Con el retorno a comisión, el expediente entrará en una etapa de revisión más profunda e interjurisdiccional. Esto implica consultas con organismos federales (como la Justicia Federal o fuerzas de seguridad nacionales) para garantizar compatibilidad normativa, antes de cualquier posible sanción de ordenanza.
El tema generó expectativa en la comunidad, especialmente en una ciudad fronteriza y turística como Puerto Iguazú, donde la problemática de las drogas es percibida como creciente y visible. Radio Cataratas y otros medios locales destacaron el tratamiento preferencial del expediente, aunque por ahora el camino hacia una declaración formal de emergencia queda postergado para un análisis más detallado.
El concejal De Sá y sus aliados de bloque continuarán impulsando la iniciativa, argumentando que no se puede naturalizar la situación actual y que el municipio debe contar con herramientas preventivas concretas para proteger a sus vecinos.
