La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sanción impuesta por el Consejo de la Magistratura al juez federal Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, en la provincia de Misiones. La medida consiste en una multa del 30% de sus haberes por única vez, por haber incurrido en faltas disciplinarias.

La sanción había sido aprobada mediante la Resolución 218/2024 del Consejo de la Magistratura, luego de una investigación iniciada a partir de una presentación realizada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

Según esa denuncia, el magistrado habría incurrido en conductas vinculadas al abuso de autoridad, además de comportamientos considerados como violencia o maltrato laboral y acoso laboral, que habrían afectado a distintos trabajadores del juzgado, de diversos niveles jerárquicos y funcionales.

De acuerdo con lo previsto por la normativa, el juez Guerrero apeló la decisión ante la Corte Suprema y solicitó que se deje sin efecto la resolución del Consejo de la Magistratura, al considerar que era arbitraria y que vulneraba el principio constitucional de legalidad, especialmente en relación con la prohibición de retroactividad de la ley penal más gravosa.

Al analizar el caso, el máximo tribunal evaluó el procedimiento realizado y las pruebas presentadas durante la investigación. En su resolución, señaló que el Consejo de la Magistratura consideró acreditado un patrón de conducta en el que el juez propiciaba malos tratos y hostigamiento hacia sus subordinados.

Además, indicó que en el expediente se señaló que el magistrado ejercía violencia de género contra empleadas y funcionarias mujeres del juzgado.

En ese marco, la Corte concluyó que no se demostró arbitrariedad ni extralimitación en el ejercicio de las facultades sancionatorias por parte del Consejo de la Magistratura y resolvió rechazar el recurso presentado por Guerrero, confirmando la sanción aplicada.

El ministro Horacio Rosatti se excusó de intervenir en el caso. La decisión fue firmada por Carlos Rosenkrantz, junto a la conjueza Silvina Andalaf Casiello, integrante de la Cámara Federal de Rosario, y el conjuez Alejandro Osvaldo Tazza, de la Cámara Federal de Mar del Plata.

Por su parte, el ministro Ricardo Lorenzetti votó en disidencia. En su argumentación sostuvo que la decisión del Consejo de la Magistratura afecta la garantía de independencia judicial y consideró que la sanción debía ser revocada.

En su voto, Lorenzetti planteó que el precedente podría derivar en denuncias contra magistrados por el simple hecho de exigir el cumplimiento de tareas laborales. También señaló que el juzgado a cargo de Guerrero interviene en causas de narcotráfico y terrorismo en la zona de frontera, lo que —según expresó— expone al magistrado a situaciones de alta presión que deberían ser consideradas en el análisis del caso.

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