La desconfianza y la mala leche se han colado en la discusión por la tasa que la intendenta de Wanda, Romina Faccio, aplica a los turistas que visitan la ciudad. Lo primero nace del contribuyente, ese sujeto fatigado de promesas que rara vez se cumplen; lo segundo, de los que siempre tienen el brazo listo para arrojar barro.
Faccio defiende la Tasa Ecoturística, o como prefieran llamarla, como una herramienta clave de gestión, esencial para equilibrar el flujo de visitantes a las minas de piedras preciosas con la preservación del entorno local. Su argumento se apoya en la autonomía municipal (Art. 123 de la CN) para financiar servicios ambientales e infraestructura, diferenciándose de los impuestos nacionales por su destino específico: la remediación ecológica. Sin embargo, los sectores opositores y la propia Compañía Minera Wanda cuestionan el rumbo de esos fondos y denuncian la falta de un beneficio directo para el visitante.
A principios de semana, desde la tribuna del diario La Nación, el diputado libertario Carlos Adrián Nuñez cargó contra la medida tildándola de “peaje” arbitrario e impuesto encubierto que genera doble imposición y vulnera la libre circulación. Para el legislador provincial, el tributo —aplicado sobre una empresa privada que ya cumple con sus cánones— carece de contraprestación de servicios, ahuyenta al turismo y pone en jaque fuentes de trabajo al inflar la presión fiscal. El senador del PRO, Martín Goerling Lara, preocupado por la carga tributaria sobre los viajeros, se sumó al coro que apunta al mismo blanco: “impuestos encubiertos” que asfixian al sector privado y le restan competitividad.
No imagino a Nuñez, abogado viajado, especialista en derecho tributario y que forjó su carrera enseñando a los municipios el arte de la cobranza, negándose a pagar su estancia en Roma o Venecia, donde cada turista desembolsa entre tres y diez euros para mitigar el impacto de millones de suelas sobre infraestructuras históricas frágiles. No olvidemos que su primer gran cliente fue, precisamente, el municipio de Puerto Iguazú, y que conoce los pasillos de la Fiscalía de Estado como el patio de su casa en el exclusivo country AguaVista, en Paraguay. Que hoy el diputado llame “impuesto disfrazado” a lo que antes ayudaba a recaudar con celo de inquisidor es, como mínimo, un ejercicio de hipocresía que clama al cielo.
Tampoco imagino a Goerling Lara evitando entrar a Lisboa por una tasa turística de cuatro euros. El senador, respetado en los salones porteños, pero con el traje algo desgastado en su propia tierra, ve cómo se le fugan los dirigentes del PRO como agua entre los dedos hacia otras orillas. Para no perder pie en el fango político, se suma al clamor de los que ven “voracidad fiscal” en cada rincón misionero. Hablan de la Constitución y de federalismo cuando les conviene, pero callan cuando es el bolsillo del interior el que financia el aire acondicionado del Congreso de la Nación.
Mientras Núñez y compañía critican estas medidas como “impuestos encubiertos”, la tendencia mundial en las capitales del turismo demuestra que son herramientas legítimas de autonomía fiscal para proteger el patrimonio y la calidad de vida de los residentes. Romina Faccio no está inventando la pólvora; está defendiendo su municipio con lo que le queda tras el recorte nacional. Si Roma o Florencia cobran por pisar sus piedras históricas, ¿por qué deberíamos ser los únicos generosos del planeta? Las piedras de Wanda no son gratis, ni deberían serlo para quien viene de fuera a disfrutar de lo que el misionero cuida con el lomo doblado.
Tal vez, aún obnubilado por el azar del presente y la idea de un futuro que no fue, Nuñez olvidó que el federalismo no es una calle de sentido único diseñada para que el poder central asfixie a las provincias. Mientras alega en Wanda se grava actividades ya alcanzadas por Ganancias, ignora deliberadamente la asimetría estructural de Misiones: somos la provincia que menos coparticipación recibe por habitante en el NEA, lo que nos obliga, por puro derecho de supervivencia, a ejercer una autonomía fiscal que el artículo 123 de la Constitución respalda. No es “doble imposición”, es la respuesta legítima de un municipio que debe costear con recursos propios como consecuencia del recorte de las transferencias federales.
El objetivo de Núñez y los suyos agitar el fantasma del fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en 2024, le cortó las piernas a la Ecotasa de Bariloche. La Corte fue clara: si no hay un servicio concreto, efectivo e individualizado para el que paga, la tasa es inconstitucional. Independientemente al laberinto judicial al que vaya a meterse el caso, Faccio también se enfrenta con la falta de confianza de todo contribuyente argentino.
Pero en nuestro país, el síntoma de la desconfianza en la clase política ya es crónico; trasciende partidos, alianzas e ideologías. El contribuyente se pregunta con razón —y con una sospecha instalada en el hígado— adónde va su plata. No es maldad, es puro instinto: nadie quiere ser el tonto de la historia, el único que paga el pato mientras los de arriba eluden o se lo llevan crocante.
