El conflicto institucional estalló tras el intento del Ejecutivo municipal de convocar una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante. En medio de acusaciones de intromisión y cuestionamientos legales, los concejales avanzaron con una nueva votación y cambiaron las autoridades del cuerpo.

Una fuerte crisis política e institucional se desató en el municipio de Caraguatay luego de que el Honorable Concejo Deliberante denunciara una presunta intromisión del Departamento Ejecutivo Municipal en el funcionamiento del cuerpo legislativo y avanzara en una nueva votación para redefinir sus autoridades.

El conflicto se originó a partir de una nota enviada el 3 de febrero de 2026 por el intendente Mario Darío Peyer, mediante la cual intentó convocar a una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, estableciendo además la fecha, el horario y el orden del día.

Según pudo averiguar El Observador Misionero, entre los temas que el Ejecutivo pretendía tratar figuraban la elección de autoridades del Concejo, la situación administrativa de la secretaría del cuerpo y la comunicación de la adjudicación de un programa nacional destinado a impulsar el turismo en el municipio.

Desde la Presidencia del Concejo rechazaron el planteo y advirtieron que el Ejecutivo municipal no tiene atribuciones legales para convocar al cuerpo legislativo ni para fijar el orden del día de sus sesiones. En ese sentido, señalaron que la facultad de convocar sesiones ordinarias o extraordinarias corresponde exclusivamente al propio Concejo Deliberante a través de su Presidencia, conforme lo establecen la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Misiones y la Ley Orgánica de Municipalidades.

Los concejales sostuvieron que la iniciativa del intendente constituye un “avasallamiento de las competencias del Poder Legislativo municipal” y una intromisión incompatible con el principio republicano de división de poderes.

La tensión política escaló durante una sesión extraordinaria realizada el 12 de febrero de 2026, en la que se planteó volver a votar la presidencia del Concejo tras cuestionamientos sobre la elección realizada el 9 de diciembre de 2025.

La moción fue impulsada por el concejal Sergio Altamirano, quien denunció presuntas irregularidades en aquella votación al considerar que no se habrían respetado los artículos 25 y 132 de la Ley Orgánica de Municipalidades. A esta postura se sumaron los ediles Alejandra Sotelo y Gustavo Fleitas.

Por su parte, el entonces presidente del cuerpo, Gustavo Giménez, junto a la vicepresidenta Norma Gularte, rechazaron la iniciativa al sostener que la elección ya había sido convalidada institucionalmente y que bajo esa conducción incluso se aprobaron y firmaron la ordenanza impositiva y el presupuesto municipal 2026.

Finalmente, el Concejo avanzó con una nueva votación en la que el concejal Gustavo Fleitas se postuló para la presidencia del cuerpo y, con el acompañamiento de Alejandra Sotelo y Sergio Altamirano, fue elegido como nuevo presidente del Honorable Concejo Deliberante, mientras que Sotelo fue designada vicepresidenta.

En tanto, los concejales Gustavo Giménez y Norma Gularte decidieron no participar de la votación y dejaron asentada su postura en el acta.

La sesión concluyó pasadas las 18 horas y dejó al descubierto una fuerte disputa política en el municipio, abriendo un escenario de tensión institucional que podría derivar en nuevas controversias administrativas y legales.

El Observador