El senador nacional misionerista defendió la necesidad de actualizar el Régimen Penal Juvenil vigente y expresó que no es un proyecto punitivo sino formativo, cuyo objetivo es reducir la reincidencia y también proteger tanto a las víctimas como a sus familias.

El senador nacional misionero defendió la necesidad de actualizar el Régimen Penal Juvenil vigente y expresó que no es un proyecto punitivo sino formativo, cuyo objetivo es reducir la reincidencia y también proteger tanto a las víctimas como a sus familias. Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, el Senado convirtió en ley el proyecto que establece la baja de la edad de imputabilidad penal a 14 años. La norma, impulsada por el Ministerio de Seguridad, aguarda ahora su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.

“Actualizar este marco normativo es una obligación moral, institucional y constitucional”, sostuvo Arce durante el debate. El legislador destacó que “se incorporan garantías propias del sistema acusatorio, como las medidas complementarias”, remarcando el carácter integral de la legislación.

El senador misionero explicó que el proyecto “no condena a la prisión perpetua, como a los adultos, y fija límites de pena máxima y reafirma el carácter excepcional de la privación de la libertad”. Estos puntos resultan centrales en el nuevo esquema penal juvenil.

La iniciativa modifica el sistema penal juvenil argentino y genera un fuerte debate sobre sus alcances presupuestarios y su enfoque punitivo. El oficialismo argumentó que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de “injusticia” e “impunidad”, dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, se pretenden combatir desde el inicio de su gestión.

Asimismo, se busca actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de “un marco legal moderno” que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.

Cabe señalar que Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.