La modificación le otorga mayor potestad a las autoridades provinciales para eliminar geoformas periglaciales de un inventario de áreas protegidas.
“Con la nueva redacción, el criterio para que el glaciar pueda ser excluido del ING se vuelve más exigente. Ya no alcanza con la ausencia de una función aislada, sino que debe comprobarse que el glaciar no cumple con las funciones que justifican su protección”, anticipó para Ámbito una de las senadoras de provincias aliadas vinculadas en las observaciones al proyecto oficialista. “El principal escollo es en relación a las competencias de las provincias cuando se tomen decisiones que afecten a otras. Se están evaluando alternativas para dirimir esas cuestiones”, aseguraron desde la UCR.
Ley de Glaciares: qué dice la reforma
El camino de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar tiene dos décadas e incluso tuvo un veto en el 2008, por parte de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dos años después se sancionó y logró su reglamentación en febrero del 2011, estableciendo que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) se convierta en el ente investigador para la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares (ING), que fue aprobado en el 2018.
La propuesta se trata de una ley aclaratoria a la ya existente, por lo que precisa un concepto central: modifica en la ley la definición de “reservas hídricas existentes” por “reservas estratégicas de recursos hídricos”. A esto se añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de “estratégica” la reserva y poder intervenir en la composición del ING.
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