La iniciativa genera un fuerte desfinanciamiento fiscal y privilegia al sector empresario, mientras sindicatos y especialistas advierten retrocesos históricos en los derechos de los trabajadores.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno podría significar una pérdida fiscal de 9.900 millones de dólares anuales, equivalente al 1,5% del PBI, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Para dimensionar, esta cifra es casi igual al superávit comercial de 2025 y coincide con la meta de reservas del Banco Central para 2026.

Especialistas señalan que, lejos de fortalecer el empleo o la inversión, la reforma actúa como un amplio paquete de alivio tributario para empresas, debilitando la capacidad del Estado de financiar políticas públicas esenciales y la seguridad social.

Las medidas que disparan la pérdida fiscal

Los principales impactos provienen de rebajas tributarias y contribuciones empresariales:

• Actualización por inflación de los quebrantos empresariales: 2.500 millones de dólares. Permite que empresas compensen pérdidas de años anteriores, disminuyendo el impuesto a pagar sin afectar a sus ganancias futuras.

• Reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades: grandes empresas pasarían de pagar 35% a 31,5%, pequeñas del 30% al 27%, generando una pérdida de 2.300 millones y afectando la coparticipación provincial.

• Disminución de contribuciones patronales: del 20,4% al 17,4% en servicios y del 18% al 15% en otros sectores, con un costo de 2.070 millones.

• Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL): financiado por 3 puntos de la masa salarial de las empresas, con un gasto de 2.000 millones, que termina siendo neutral respecto de la rebaja a los aportes patronales.

En conjunto, estas medidas configuran un fuerte desfinanciamiento del Estado sin garantías de aumento en empleo formal o inversión productiva.

Sindicatos y organizaciones alertan retrocesos históricos

Desde la Aefip y el sindicato de trabajadores del ARCA advierten que la reforma es regresiva, reduce derechos y desfinancia a la Anses, afectando jubilados y beneficiarios de la AUH.

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, que agrupa a más de 100 organizaciones de Latinoamérica, sostiene que el proyecto “llevará el derecho laboral al siglo XIX” y anunció acciones de resistencia en todo el país, incluyendo reuniones con gobernadores y legisladores, y denuncias internacionales.

Alternativa posible: modernización progresiva

El CEPA plantea que es posible modernizar el mercado laboral sin desfinanciar al Estado ni recortar derechos. Entre sus nueve propuestas se destacan:

1. Paritarias libres sin limitaciones.

2. Actualización del salario mínimo vital y móvil.

3. Cobertura por maternidad/paternidad y aguinaldo para monotributistas.

4. Ampliación de derechos para trabajadores de plataformas digitales.

5. Participación del salario en las ganancias empresarias.

6. Reducción progresiva de jornada laboral a 40 horas semanales.

7. Licencias parentales y marentales ampliadas.

8. Comités de seguridad, higiene y salud mental.

9. Reducción de aportes para pymes que amplíen su nómina.

Estas medidas, según los expertos, permitirían un equilibrio real entre derechos laborales, sostenibilidad fiscal y estímulo a la inversión, algo que la reforma vigente no garantiza.

¿Modernización o retroceso?

Lo que el Gobierno presenta como una “modernización laboral” podría convertirse en un duro retroceso para los trabajadores, mientras genera un agujero fiscal que equivale a casi todo el superávit comercial de Argentina. El debate se abrirá en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, con sindicatos y organizaciones sociales movilizados para frenar lo que califican como un proyecto regresivo y perjudicial para el país.