Luego de reiterados reclamos y una advertencia de denuncia penal por parte de Iguazú Argentina S.A., la Administración de Parques Nacionales inició una auditoría sobre el sistema SETECA, utilizado para la venta de entradas al Parque Nacional Iguazú, señalado por fallas estructurales y vulnerabilidades de seguridad.
La Administración de Parques Nacionales (APN) abrió una auditoría en el sistema de cobros del Parque Nacional Iguazú tras los reclamos formales realizados por la concesionaria Iguazú Argentina S.A., que venía advirtiendo sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento del sistema SETECA, la plataforma oficial utilizada para la comercialización de entradas en el Área Cataratas.
Según un informe técnico presentado por la empresa concesionaria, el núcleo del problema reside en la obsolescencia tecnológica y en falencias estructurales del sistema SETECA, una plataforma implementada y administrada exclusivamente por la APN. De acuerdo al documento, el sistema carecía de controles básicos de validación y seguridad que hoy son estándar en la industria del turismo y del comercio electrónico.
Entre las principales deficiencias detectadas se mencionó la falta de validación de identidad, que permitía la compra de entradas con categorías bonificadas —como residentes locales o jubilados— sin mecanismos efectivos para verificar la correspondencia del DNI con el beneficiario. También se advirtió la inexistencia de controles antifraude, lo que impedía detectar patrones de compra anómalos, el uso de correos electrónicos genéricos o la carga de datos de identidad presuntamente falsos.
El informe señaló además brechas en la trazabilidad del sistema, que dificultaban el seguimiento de las operaciones y la identificación de los actores detrás de compras masivas o fraudulentas, lo que habría facilitado maniobras irregulares en la venta de accesos al parque.
En ese marco, Iguazú Argentina S.A. indicó que fue a partir de controles internos y de una auditoría propia que se detectó un uso indebido del sistema por parte de personal interno, en presunta connivencia con terceros. Ante esa situación, la empresa afirmó haber actuado de manera inmediata, adoptando medidas disciplinarias que incluyeron la desvinculación de los empleados involucrados.
Desde la concesionaria remarcaron que la responsabilidad de la implementación y modernización del sistema de venta de entradas recae contractualmente en la Administración de Parques Nacionales. En el documento, sostuvieron que tecnologías actualmente disponibles —como la validación de identidad en tiempo real, códigos QR dinámicos y herramientas de inteligencia artificial para la detección de anomalías— podrían haber prevenido este tipo de maniobras.
En la conclusión del informe, Iguazú Argentina sostuvo que la problemática no se originó en la gestión de la concesión, sino en la imposición de un sistema de acceso obsoleto y vulnerable. Además, subrayó que fue la propia empresa la que detectó el fraude, lo denunció y aplicó las medidas correctivas a su alcance, mientras que la solución de fondo requiere una modernización integral del sistema de accesos, una responsabilidad que excede a la concesionaria.
La apertura de la auditoría por parte de Parques Nacionales se da luego de una advertencia de posible denuncia penal y reabre el debate sobre los mecanismos de control, transparencia y recaudación en uno de los destinos turísticos más importantes del país.(MOL)
