Este lunes, la Asociación Civil Orembaé realizó una ampliación de la demanda de amparo ambiental contra la Administración de Parques Nacionales (APN) por los microeventos que fueron autorizados por un DNU del presidente Javier Milei en las Cataratas del Iguazú.
“Capacidad de carga desbordada”, “fauna desplazada”, “colapso operativo”, “fallas de gestión y auditoria” y “violación de zonificación por microeventos”, son los nuevos puntos incorporados por la ONG misionera en su presentación ante el Juzgado Federal de Puerto Iguazú para argumentar que existen pruebas documentales que confirman un escenario de “vulnerabilidad extrema” para la biodiversidad del Parque Nacional Iguazú.
En relación con el colapso operativo, Orembaé sostuvo que los datos oficiales del Plan de Gestión del Parque evidencian una desproporción entre la cantidad de visitantes y los recursos humanos disponibles. Según detallan en el documento, aunque las Cataratas encabeza las estadísticas de visitación a nivel nacional, solo cuenta con el 6,7% del personal total de la Administración de Parques Nacionales, una asimetría que impide “un control efectivo de los impactos ambientales generados por el turismo de masas”, advirtieron.
En cuanto al desplazamiento de la fauna, la ONG incorporó como prueba una investigación científica de la Licenciada Natalia Casado (2018), que “demuestra de manera fehaciente cómo el Uso Público Intensivo (UPI) está alterando el comportamiento de los mamíferos del área”.
En esa línea, Orembaé explicó que el estudio demostró que la presión humana constante obliga a la fauna silvestre a modificar sus hábitos o abandonar sectores “críticos” del Parque, generando una “tensión ecosistémica sin precedentes”.
Capacidad
Seguidamente, la asociación civil señaló que existe un “colapso” en la capacidad de carga efectiva, según documentos técnicos de la APN en el cual se estima que el Parque Nacional Iguazú está capacitado para recibir 6.902 visitantes diarios. “Sin embargo, se han encontrado registros históricos y recientes que demuestran una violación sistemática de este límite”, apuntó Orembaé.
Y detalló que en 2018 “se registraron más de 10.000 personas diarias durante jornadas consecutivas, alcanzando un máximo de 10.500”; mientras que para 2024 ese “tendencia crítica persiste, volviendo a superar la barrera de 10.000 visitantes”. Un excedente de casi el 50% “por encima de la capacidad permitida que pone en jaque la integridad del ecosistema”, denunciaron.
Prevención de daños
La ONG también expuso que la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió informes “contundentes” sobre “debilidades estructurales” en la gestión de APN. “La falta de metas claras y la ausencia de conservación medibles convierten la protección del Parque en en una gestión reactiva y deficiente, incapaz de prevenir daños irreversibles”, remarcó Orembaé.
Como último punto incorporado en el amparo ambiental presentado en la Justicia Federal, la ONG denunció que la implementación de microeventos y actividades comerciales adicionales “vulneran la zonificación de seguridad ambiental”.
Así como también, subrayaron, estas actividades “se realizan sin los debidos Estudios de Impacto Ambiental integrales, ignorando el efecto acumulativo que el turismo nocturno y comercial tiene sobre un sitio de Patrimonio Mundial de la Unesco”.
“No podemos permitir que el Parque Nacional Iguazú se convierta en un centro de eventos comerciales a costa de su integridad ecológica. La falta de personal y de planificación técnica denunciada por la propia AGN es la prueba de que se está priorizando el negocio por sobre la conservación”, afirmó Orembaé en su comunicado.
El pasado 22 de diciembre, el gobierno nacional autorizó la realización de microeventos en el áreas de Cataratas como una medida “experimental” durante el plazo de un año. La medida habilita la realización de estos eventos con una capacidad máxima de 60 personas y un límite de dos por día en espacios de uso público y horarios habituales.
Ante esta situación, la ONG Orembaé presentó hace poco más de dos semanas un amparo ambiental en rechazo a los microeventos en Cataratas y solicitando una medida cautelar de “no innovar”, con el objetivo de que “se suspendan de inmediato los efectos de esta norma y se prohíba autorizar cualquier evento hasta que se dicte una sentencia definitiva”.
