De acuerdo con lo informado por fuentes del sector aeronáutico, el objetivo central de la reforma es desburocratizar procesos y permitir que la autoridad aeronáutica concentre sus esfuerzos en lo que consideran su misión esencial: el control, la supervisión y la fiscalización del sistema.

El cambio se alinea con observaciones y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que desde hace años impulsa una separación clara entre quien regula y quien opera.

El núcleo del reordenamiento está en la actualización de la RAAC Parte 153. A partir de este nuevo esquema, tareas que históricamente estaban en manos de las Jefaturas de Aeródromos y Aeropuertos de la ANAC pasan ahora a los explotadores de aeródromos, como el caso de Aeropuertos Argentina. Se trata de una transferencia de responsabilidades que apunta a ganar agilidad operativa sin resignar estándares de seguridad.

Más responsabilidades para los explotadores de aeródromos

Entre las nuevas obligaciones, los explotadores asumen la gestión integral de:

• Los servicios de dirección y seguridad operacional en plataforma.
• La emisión de credenciales vehiculares y permisos de conducción en áreas de movimiento.
• La prestación del servicio de Follow-Me y el control estricto de vehículos en pista y rodajes.

Uno de los cambios más valorados por especialistas es la eliminación de intermediarios en el flujo de información crítica. Desde ahora, los explotadores deberán informar de manera directa al Servicio de Información Aeronáutica (AIS) las condiciones del aeródromo, incluyendo el estado de la superficie de la pista y otros datos relevantes para la operación. Con esta medida se busca reducir demoras, mejorar la calidad de los reportes y garantizar que pilotos y aerolíneas dispongan de datos actualizados para la planificación y ejecución de los vuelos.

Planes de emergencia y regulación del entorno aeroportuario

La reforma introduce además cambios en los Planes de Emergencia de Aeródromo (PEA). Los aeródromos públicos controlados deberán mantener un plan detallado y aprobado por ANAC, mientras que los aeródromos públicos no controlados y los privados, de menor complejidad operativa, podrán aplicar Planes de Respuesta a la Emergencia. En estos casos, la clave estará en la coordinación con bomberos, servicios médicos y defensa civil locales, con el fin de aliviar la carga administrativa sin descuidar la seguridad de los usuarios.

En paralelo, la aprobación de la RAAC Parte 77 fija un marco regulatorio estricto para las actividades de terceros en el entorno aeroportuario. La norma abarca la construcción de edificios, la instalación de antenas, aerogeneradores y cualquier estructura que pueda interferir con las superficies de despeje de obstáculos. Su diseño está armonizado con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR 77), lo que fortalece la compatibilidad con estándares internacionales.

Especialistas en aviación coinciden en que la separación entre quien opera y quien controla será clave para reducir incidentes y mejorar la competitividad de la aviación argentina en la región.

El proceso de transición será seguido de cerca por ANAC. Los explotadores cuentan con treinta días corridos desde la publicación de las resoluciones para presentar un cronograma de transferencia de servicios, que deberá concretarse en un plazo máximo de 180 días. Durante ese período, los jefes de aeródromo conservarán su autoridad, pero con un perfil renovado: pasarán de gestores operativos a principales fiscalizadores del cumplimiento normativo. En el organismo confían en que este nuevo esquema marque un salto de calidad en eficiencia y seguridad para todo el sistema aeroportuario nacional.