El asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años apuñalado en Santa Fe por jóvenes de entre 14 y 16 años, reactivó con fuerza el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. En ese contexto, La Libertad Avanza busca avanzar en el Senado con una iniciativa para reducirla de 16 a 14 años.

La senadora libertaria Patricia Bullrich confirmó que el tema volverá a tratarse en el Congreso, luego de que durante 2025 el proyecto lograra dictamen en la Cámara de Diputados, aunque nunca llegó al recinto y terminó perdiendo estado parlamentario.

El impulso político de Javier Milei

El presidente Javier Milei ya había planteado la necesidad de modificar el régimen penal juvenil durante su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2025. Allí reclamó avanzar con la baja de la edad de imputabilidad y endurecer las penas del Código Penal.

“Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad para que quienes cometen crímenes de adulto paguen las consecuencias de sus actos“, sostuvo el mandatario en esa oportunidad.

Días antes de ese discurso, había ocurrido el crimen de Kim Gómez, una niña de siete años asesinada durante un robo en La Plata, cometido por dos menores de 14 y 17 años. Milei había señalado entonces que la legislación vigente impedía juzgar a uno de los responsables por su edad.

El mensaje de Bullrich y el eje en las víctimas

Tras el caso Monzón y la difusión del video del crimen, Bullrich publicó un duro mensaje en redes sociales en el que llamó a tratar la Ley Penal Juvenil. “O acompañás a las víctimas y evitás nuevas tragedias, o sostenés una posición pro-delincuentes“, afirmó.

La senadora remarcó que delitos graves cometidos por menores terminan sin consecuencias penales y reclamó un cambio de paradigma: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas, en línea con lo que ocurre en países vecinos.

El dictamen que logró consenso en Diputados

Durante 2025, un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes trabajó sobre 12 proyectos de distintos espacios políticos.

El dictamen de mayoría contó con el respaldo de LLA, PRO, UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y partidos provinciales, y modificó la propuesta original del Poder Ejecutivo, que proponía bajar la edad a 13 años.

Finalmente, se acordó establecer la imputabilidad desde los 14 años, con penas máximas de hasta 15 años para delitos graves y un sistema de sanciones diferenciadas.

Unión por la Patria rechazó la modificación y planteó mantener la edad en 16 años, mientras que el Frente de Izquierda se opuso a cualquier cambio.

Cómo sería el nuevo régimen penal juvenil

El proyecto establece un sistema de sanciones escalonadas, priorizando medidas educativas y de reinserción. Entre ellas:

Asesoramiento interdisciplinario

Inclusión en programas educativos

Tratamiento psicológico

Capacitación laboral

También se prevén sanciones alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones de contacto con la víctima y prohibiciones específicas.

La privación de libertad quedaría reservada para delitos graves, con un máximo de 15 años de condena y posibilidad de sustitución parcial tras cumplir dos tercios de la pena. El alojamiento sería en espacios diferenciados según edad y situación procesal.

El texto también contempla la mediación penal juvenil y la suspensión del juicio a prueba en casos de menor gravedad.

Un debate que deberá reiniciarse en el Congreso

Al haber perdido estado parlamentario al finalizar el período legislativo 2025, el proyecto deberá volver a tratarse en comisión tanto en Diputados como en el Senado. No obstante, el amplio consenso alcanzado previamente aparece como un antecedente clave para reactivar la discusión.

Con el respaldo explícito del Presidente y del bloque oficialista, la baja de la edad de imputabilidad vuelve a instalarse como uno de los debates más sensibles y polémicos del año legislativo.