La iniciativa generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, que advirtieron por el impacto en las principales reservas de agua del país.
El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares, en el marco del período de sesiones extraordinarias que rige hasta el próximo 30 de diciembre. El anuncio fue realizado por la Oficina del Presidente a través de un comunicado difundido en redes sociales.
Según el Ejecutivo, la iniciativa busca ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental alineado con la Constitución Nacional. En ese sentido, el Gobierno cuestionó la legislación actual al afirmar que, a más de 15 años de su sanción, la denominada “Ley de Glaciares” generó inseguridad jurídica, paralizó inversiones productivas y afectó el ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
La reforma plantea establecer “reglas claras” para la protección de los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalecer los estándares ambientales vigentes y eliminar la discrecionalidad que, según el comunicado oficial, “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.
El proyecto también reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que establece la protección del ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. En esa línea, fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares.
Desde el Gobierno definieron la iniciativa como “una verdadera reforma de federalismo ambiental” y señalaron que da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo. Además, indicaron que responde a reclamos de larga data de las provincias que integran la Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y la Mesa del Cobre —Mendoza y San Juan—, que impulsan un modelo federal responsable y sostenible.
Por último, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso un pronto tratamiento del proyecto y aseguró que la reforma representa un paso clave para ordenar una normativa que, según su mirada, durante más de una década generó incertidumbre jurídica y limitó el aprovechamiento de los recursos naturales en las provincias cordilleranas.
El proyecto ya generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, que advirtieron que la medida pone en riesgo las principales reservas de agua del país.
