El Gobierno nacional presentó este martes su proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, una ambiciosa reforma que busca reemplazar la actual Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006.

El nuevo texto propone un cambio de paradigma: prioriza el rol de las familias por sobre el Estado, habilita la educación en casa, legaliza los sistemas de financiamiento por demanda (vouchers) y crea un examen nacional al finalizar la secundaria.

La iniciativa, de 43 páginas, mantiene el espíritu liberal del borrador inicial, aunque incorpora modificaciones tras las críticas que había generado en sectores educativos. Entre los puntos más salientes, establece la creación de Consejos de Padres con participación en la gestión de las escuelas públicas, la publicación de resultados por institución de las pruebas estandarizadas y la evaluación periódica de los docentes.

El proyecto también introduce el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación individual y voluntaria que deberán rendir los egresados del nivel medio. El test medirá conocimientos en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Sociales y Humanidades, con el objetivo de establecer estándares comunes de aprendizaje.

Vouchers y educación en casa

Aunque el texto evita la palabra “voucher”, el artículo 83 autoriza al Sistema Nacional de Educación a implementar mecanismos de financiamiento a la demanda, permitiendo que las familias reciban asignaciones o vales para elegir la institución educativa de su preferencia.

En la misma línea, la ley habilita la educación en el hogar (homeschooling), una modalidad casi inexistente en la Argentina. Los alumnos que opten por esta vía deberán registrarse en el sistema educativo y rendir las evaluaciones oficiales para acreditar sus conocimientos.

Más poder para los padres

Otra de las innovaciones es la creación de Consejos Escolares de Padres en cada escuela pública, con funciones de asesoramiento, supervisión y participación en la selección o remoción de directores. La medida apunta a dar más control a las familias sobre el funcionamiento institucional y los recursos.

Además, el proyecto establece que la autoridad nacional publique anualmente los resultados de las pruebas estandarizadas por escuela, un cambio que busca promover la transparencia y la libre elección educativa.

Evaluación docente y control universitario

El texto también fija que los docentes serán evaluados al menos cada cuatro años, con criterios aún por definir. En cuanto a las universidades públicas, se dispone que sean auditadas de manera concurrente por la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General y el Ministerio de Capital Humano, para garantizar la transparencia en el uso de los fondos estatales.

Lo que quedó afuera

El Gobierno finalmente eliminó dos de los puntos más controvertidos del borrador original: la posibilidad de dictar educación religiosa en las escuelas públicas y la equiparación del financiamiento estatal entre escuelas privadas y públicas.

Con la “Ley de Libertad Educativa”, la administración de Javier Milei busca avanzar en una transformación estructural del sistema educativo, centrada en la libertad de elección, la responsabilidad familiar y la eficiencia en el gasto público. El proyecto será debatido en el Congreso en las próximas semanas, en medio de un clima político que promete una fuerte discusión sobre el futuro de la educación argentina.

(Con información de Clarín)