Ingresó al Congreso nacional una iniciativa que propone permitir la eutanasia y el suicidio asistido bajo control médico y judicial.

El 15 de octubre Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legalizar la eutanasia a través de la sanción de una ley. La novedad legislativa tuvo impacto en Argentina: se presentó un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados para que la práctica médica sea legal en el país.

La iniciativa fue presentada por el diputado mendocino por la UCR, Julio Cobos, ex vicepresidente de la Nación, que ocupará su banca hasta el 10 de diciembre. El proyecto contempla la legalización de la eutanasia y la muerte asistida, es decir, que un médico administre directamente la sustancia que provoque la muerte del solicitante, o que prescriba o proporcione la medicación necesaria para que el paciente se la autoadministre.

Requisitos y procedimientos

El texto del proyecto establece que el solicitante debe ser mayor de edad, argentino o residente con al menos doce meses en el país. Además, debe padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante, y haber recibido información médica completa sobre sus alternativas, incluyendo los cuidados paliativos.

También se exige presentar dos solicitudes con un intervalo mínimo de quince días, con testigos y validación judicial o notarial. El consentimiento debe ser informado y puede revocarse en cualquier momento del proceso.

“Una manera de insistir con el tema”

“Presentar el proyecto es una manera de insistir con el tema y lograr que haya una iniciativa nueva que conserve estado parlamentario durante dos años”, explicó Cobos, y agregó: “La aprobación en Uruguay sin duda fue un impulso para presentar este proyecto”.

El diputado recordó que esta es la tercera vez que impulsa una propuesta similar. La iniciativa incluye la objeción de conciencia para los profesionales que no deseen participar y obliga a los centros de salud públicos y privados a garantizar el acceso si se cumplen los requisitos. También propone modificar el Código Penal para que quienes asistan en la práctica no sean penalizados.

“La sociedad ha madurado y ha reflexionado sobre este tema, y que un país vecino como Uruguay haya dado luz verde a la ley puede resultar un impulso. Se trata de un procedimiento que puede resultar en una muerte digna para personas que atraviesan una enfermedad terminal o un sufrimiento constante intolerable”, afirmó el legislador.

“Sin duda abriría una gran conversación en la sociedad y, como ocurre con estos debates, habrá gente en contra. Pero esta sería una ley que da una solución digna a quien la requiere, y que no obliga a nadie a nada”, sostuvo Cobos.

Contexto judicial y antecedentes

En la provincia de Buenos Aires, un juzgado de Mercedes analiza el caso de María del Carmen Ludueña, una mujer de 63 años que pide acceder a la eutanasia. Postrada desde hace siete años por una enfermedad crónica y dolorosa, su solicitud fue rechazada en primera y segunda instancia, pero la Suprema Corte bonaerense instó a revisar su caso.

Argentina fue pionera en 2012 con la sanción de la Ley de Muerte Digna, que permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos que prolonguen la vida en casos irreversibles. Sin embargo, los proyectos actuales van más allá: buscan permitir la asistencia médica activa para terminar con la vida.