Rechazados los vetos, las normativas fueron promulgadas en el Boletín Oficial pero con la condición para su ejecución que el Congreso precise cómo solventarlas.

Como ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad, este martes el gobierno nacional promulgó las leyes 27.795 y 27.796, de Emergencia Pediátrica y Financiamiento universitario respectivamente, pero dejó en suspenso su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto.

La decisión fue oficializada en el Boletín de este martes con los decretos 759/2025 y 760/2025 en los que se enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican ambas leyes, incumpliendo lo dispuesto por la ley 24.156.

La ley de Financiamiento Universitario, sancionada tras la insistencia del Congreso pese al veto presidencial previo, apunta a sostener las casas de estudio públicas de todo el país. Uno de los puntos centrales de la ley es la actualización automática de los gastos de funcionamiento que deberán ajustarse bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El decreto detalla que, entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024, la variación del IPC fue del 34,89 %, lo que implica un costo adicional estimado de $123.358.213.085 para el ejercicio en curso. Para el año 2025, el costo total estimado de la ley asciende a $1.069.644.600.000, mientras que para 2026 se proyecta en $2.008.377.852.000.

En materia salarial, la ley ordena que los sueldos del personal docente y no docente se actualicen en un porcentaje no inferior al IPC para el período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Al respecto, el Gobierno argumenta que, en ese lapso, los salarios aumentaron un 128,49 %, mientras que la inflación acumulada fue del 220,45 %. Por lo tanto, según calculó Infobae, para equiparar los salarios con la inflación, se debería otorgar un incremento del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025. Además, la norma dispone que todas las sumas no remunerativas y no bonificables que percibe el personal sean incorporadas a los salarios básicos, lo que representa un aumento adicional del 37,55 % para el personal no docente de determinadas categorías, con un costo estimado de $178.984.054.000 en 2025 y $490.459.716.000 en 2026.

La ley también establece la recomposición y actualización automática de los programas de becas estudiantiles, que deberán ajustarse según la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. El crédito vigente en 2025 para la promoción de carreras estratégicas asciende a $33.041.929.460. La actualización de las partidas para cumplir con esto implicaría un costo estimado de $72.840.933.495, para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y $76.614.000.000, para el Programa de Becas Progresar.

Por otro lado, la ley de Emergencia Pediátrica, con el hospital Garrahan como emblema, busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica; asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil; y fortalecer los sistemas de residencias médicas.

Entre sus puntos principales, establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica. Además, prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias en efectores públicos y privados.

El costo fiscal estimado para la implementación de esta legislación asciende a $196.270.000.000, una cifra que, según el decreto, supera ampliamente la capacidad presupuestaria actual del ministerio de Salud, que presenta un déficit de $102.400.000.000.

De esta manera, el Ejecutivo advierte que una reasignación de recursos de esa magnitud equivaldría al 30 % del total de subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria y al 60 % del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida.