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TRÁNSITO-POLÉMICA - 03/04/2017

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Alcohol al volante: multa o cárcel, dos sanciones distintas para un mismo hecho

La aplicación de uno u otro castigo dependerá de si la causa recae en el Juzgado de Paz o en el de Faltas. En el primero de ellos se paga con hasta 30 días preso.

Si bien hay una Ley Nacional de Tránsito, en la cual Misiones aceptó la “invitación” y se adhirió, algunos municipios se rigen por la Ley Provincial, habilitando la competencia de dos foros judiciales distintos para juzgar un mismo hecho, aplicando diferentes penas. En Eldorado, dependiendo del juzgado que toque, hay dos posibles castigos: multa o cárcel.

A partir de la declaración del ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, la Policía provincial tiene la estricta orden de, en caso de advertir un conductor alcoholizado, labrar un acta y enviar al Juzgado de Paz para ser enjuiciado por el magistrado competente, debiendo regirse éste por el artículo 59 del Código de Faltas de Misiones. Si la persona superó los 0,5 de alcohol en sangre (lo tolerado por la ley 24.449) será juzgado con una pena de cárcel, no redimible por multa.

Sin embargo, la situación es distinta si el control es realizado por la Dirección de Transito de un municipio. Por el mismo hecho, se labra un acta para ser enviado al Juzgado de Faltas, en donde las penas son: multas, descuento de puntos de la licencia y suspensión, pero no la cárcel.

El director de Tránsito de la Municipalidad de Eldorado, Daniel Mondo, explicó que “nosotros hicimos un protocolo de trabajo, porque se contrapone la Ley 24.449, que es una Ley Nacional, con la Ley Provincial, Ley 2.800 y su modificatoria -conocida como Ley Galeano-, en la que interviene el Juzgado de Paz. Entonces, cuando intervenimos nosotros, normalmente de acuerdo a lo que dice la ley de tránsito, procedemos al secuestro del rodado (cualquiera sea), al secuestro del carnet y eso va a disposición del juez de Faltas”.

Variante
Mondo detalló que “si en el lugar en el cual estamos realizando el operativo está con nosotros la Sección Vial de la Policía, son ellos los que hacen el procedimiento porque están autorizados a utilizar nuestro alcoholímetro y son los únicos autorizados a firmar el ticket que imprime el alcoholímetro. Entonces ahí ellos proceden a la detención de la persona y el vehículo queda a disposición del propietario y normalmente va con el dueño demorado a la Policía”.

El funcionario aclaró que “si estamos haciendo un control en conjunto y la Policía nos presta apoyo para darnos seguridad a los inspectores municipales y no hay nadie de la Sección Vial de la Policía de Misiones, nosotros hacemos el procedimiento completo, de manera que va al Juzgado de Faltas. Ahí, la persona queda en libertad. El borracho vuelve caminando a su casa y el vehículo es secuestrado, quedando en el corralón municipal y oportunamente resuelve su situación en el Juzgado de Faltas. Acá no habría pena privativa de la libertad”.

Dos penas distintas: ¿es justo?
El titular del Juzgado de Paz de Eldorado, Hugo Johansen, por su parte, al ser consultado por PRIMERA EDICIÓN, señaló que “quien determina adónde va a parar el acta del hecho es el que está haciendo el control, según lo que surge en ese momento”, agregando que “en el Juzgado de Faltas solamente se paga multa, en el de Paz con la cárcel, no hay opción”, aseguró.

Frente a la declaración de Johansen y el surgimiento de la duda de si es justo para el ciudadano que hayan dos penas distintas -con diferentes niveles de sanción- para un mismo hecho, la jueza de Faltas Norma Ortíz opinó que si es justo o no dependerá de cómo se lo analice. “Las dos normativas están vigentes. Y la ley que contiene el artículo 59 es una normativa provincial, no está derogada. No hay una inconstitucionalidad. Ahora, el hecho es que no se la aplicaba pero eso no lo hace no estar vigente”, remarcó.

Ortíz reconoció rápidamente que “en realidad es el Municipio el responsable del control de tránsito. Pero el de Eldorado tiene firmado un convenio con la Policía y Gendarmería para que ellos controlen, también”.

Además, la jueza aseguró que toda esta reformulación es “una decisión política institucional, dado que la gente no tiene cultura de conducta de tránsito. Por ejemplo, el fin de semana tuvimos un caso de 2,20 de alcohol en sangre. Evidentemente, en Misiones estamos en las estadísticas más altas de muerte por tránsito y se está implementando esta medida para ver si se solucionan o aminoran los accidentes por conducir ebrio. Personalmente creo que, en esta situación, tenemos que ir probando todas las herramientas que se tengan, porque es un flagelo realmente muy grave. Si no, es como que siempre se paga la multa y se sigue infringiendo. En cambio, sí van presos, no toman más, no conducen en estado de ebriedad”.

Sin embargo especialistas del tema, como Alberto Gasparini, capacitador de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, en una oportunidad explicó a PRIMERA EDICIÓN que “el endurecimiento de penas no asegura la disminución de accidentes. Si se saltea la etapa previa, que es la educación y concientización de las personas, lo otro no sirve. Acá falta educación”.

Urgente necesidad de unificar la Ley de Tránsito
Frente a la confusa situación que atraviesa hoy el enjuiciamiento del acto de conducir con más de 0,5 de alcohol en sangre, funcionarios y abogados advierten sobre el estado contradictorio de las normativas que sancionan éste y otros delitos relacionados al transito, y manifiestan la necesidad de crear una ley que unifique las sanciones en toda la provincia.

“Cada municipio hizo su normativa. No tenemos, lamentablemente, una unificación normativa. Yo se lo planteé muchas veces al ministro de Gobierno anterior (Jorge Franco) y al actual (Marcelo Pérez), que tenemos la necesidad de unificar sanciones. Que a alguien por la misma multa lo sancionen tanto en Posadas como en Eldorado. Se podría sacar una nueva ley provincial”, expresó la jueza de Faltas Norma Ortiz.

A su vez, el diputado Gustavo González, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, comentó que “considero que es una situación legal que hay que resolver. Y se resuelve haciendo compatibles ambas legislaciones”. Agregó que “habría que unificar una legislación sancionando una ley provincial”.

Sin embargo, el diputado aseguró que “está comprobado hasta científicamente que el endurecimiento de las penas por sí mismo no revierte una situación de gravedad como esta. Yo no soy partidario de endurecer las penas, sí soy partidario de que se cumpla la ley, pero que a la vez ese cumplimiento venga de la mano de campañas de educación vial y de control. Que todos los organismos del Estado funcionen y controlen”.

Ausencia notoria

El legislador también comentó que “la Dirección Provincial de Tránsito, que hace muchos años fue creada, está ausente en esta discusión. Yo entiendo que (la Dirección Provincial de Tránsito) debería sugerir modificaciones legislativas a los diputados para mejorar la situación de seguridad vial. Pero veo que quien está al frente, la doctora Marlene Carballo, está ausente de todo este debate. Yo no la escucho hace años fijar postura pública sobre esto, es un organismo del Ejecutivo provincial que no interviene en esta discusión. Se involucró al ministro de Gobierno, al vicegobernador, pero desde la esfera de agenda propia de Tránsito, poco y nada”.

“Con parches no se va a lograr mayor solución vial. Acá hay que hacer una política de Estado y de fondo. Trabajar en educación vial desde la escuela primaria, mejorar los controles de estado y actualizar la legislación que tiene estas contradicciones de las que hablábamos”, remarcó el diputado provincial.


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Deberían ser las dos sanciones

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